La Justicia condenó al Gobierno porteño y a tres médicas en el caso Emanuel Álvarez
El Juzgado Civil N°45 estableció un resarcimiento económico para los padres del hincha de Vélez que fue asesinado el 15 de marzo de 2008, cuando se dirigía a la cancha de San Lorenzo. "La sentencia aún no está firme, la vamos a apelar", expresó Hugo Carriaga, abogado de la familia.
(De la Redacción de DOBLE AMARILLA) El Juzgado Civil Número 45 condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a tres médicas en el caso Emanuel Álvarez, hincha de Vélez que fue asesinado el 15 de marzo de 2008, cuando iba a la cancha de San Lorenzo. Según informa el colega César Luis Merlo, el fallo marca que hubo abandono de persona y mala praxis.
En conversación con NA, Hugo Carriaga, abogado de la familia, brindó más detalles de la sentencia: "Establece que hubo abandono de persona y mala praxis por parte de una médica del SAME y dos médicas del Hospital Piñero". También "fueron responsabilizados el Gobierno de la Ciudad y la compañía de seguros que tenía una de las médicas". "El protocolo para cuando un herido de bala ingresa a un hospital hace referencia a que tiene que ser derivado enseguida a un quirófano y a Emmanuel tardaron aproximadamente 40 minutos en llevarlo", expresó el letrado.
Más allá de la decisión de la Justicia, que establece un resarcimiento económico de $277 mil más intereses desde la fecha del hecho hasta el día de hoy para el padre y la madre de Emanuel Álvarez, Carriaga avisó que se apelará el fallo: "La sentencia aún no está firme debido a que nosotros la vamos a apelar ya que, si se toma como parámetro los intereses, le corresponderían cerca de $2 millones a la madre y otros tantos al padre y es mucho menos de lo que solicitamos nosotros", remarcó.
El juicio penal por la muerte de Álvarez, que recibió un impacto de bala cuando se dirigía hacia la cancha de San Lorenzo en un micro con hinchas de Vélez, se encuentra cerrado. Marcelo Javier Aliendre, presunto autor del hecho, fue condenado en primera instancia a quince años de prisión. Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia por considerar que hubo una violación arbitraria de la prueba.