(De la redacción de DOBLE AMARILLA) La Justicia venezolana ordenó congelar las cuentas bancarias de Jesus Berardinelli, presidente de la FVF, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos estatales. La Federación denuncia que el Gobierno está violentando su autonomía.

El presidente provisorio de la Federación Venezolana está en el ojo de la tormenta por investigaciones por corrupción. Su figura está limitada incluso para tener autonomía de voto en Conmebol. En la reunión del Consejo, no pudo votar tras no poder pasar el test de idoneidad.

Ahora la Contraloría de Venezuela, bajo las órdenes de Elvis Amoroso, ordenó congelar las cuentas del máximo dirigente "con el propósito de proteger recursos otorgados por el Estado a la Federación Venezolana de Fútbol". A su vez, le ordenó a la Superintendencia del Sector Bancario "la suspensión de las transacciones bancarias relacionadas con el ciudadano Jesús Miguel Berardinelli Lezama".

Denuncian que se desviaron fondos estatales a la Federación que tenían que ser utilizados para el desarrollo de actividades deportivas. También investigarán a las últimas personas que hayan realizado transacciones con Berardinelli.

Pero esta situación tuvo una respuesta de la FVF hacia el Estado. Denunciaron mediante un comunicado que el Gobierno tiene intenciones de violentar la autonomía de la Federación. "Existe violación al principio de autonomía (organizativa, administrativa y presupuestaria) consagrada en la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, así como al principio constitucional de la competencia de los órganos públicos", manifestaron.

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En el comunicado también expresan que no son un organismo público y que las cuentas bancarias y contables poseen control de tres órganos: Consejo Contralor; la Comisión de Finanzas y la Comisión de Auditoría y Gerencia de Cumplimiento.

Esta crisis institucional y con tufillo político se da cuando se avecinan las elecciones en la Federación, fechadas para marzo de 2021. Sin embargo, la pandemia del coronavirus podría afectar el cumplimiento en tiempo y forma de la elección de autoridades.