La Inspección General de Justicia (IGJ), a través de la Resolución 1102/2022, dio lugar al reclamo de un grupo de socios de Deportivo Español y obliga a la realización de elecciones en el plazo de 60 de días, buscando la normalización de la institución.

La decisión, según consta en el documento oficial al cual tuvo acceso Doble Amarilla, atiende una sumatoria de irregularidades: desde eventos ilegales con campeonatos de penales y apuestas clandestinas hasta el ya conocido vínculo con Generación Zoe que involucró no sólo al presidente Diego Elías, sino también al que fuera manager del club, Ricardo Caruso Lombardi.

El dictamen de la IGJ concluye que de lo examinado “surgen profusas irregularidades que evidencian una administración anómala en los últimos años” que incluyen “falta de presentación de los estados contables y reuniones del órgano de administración, falta de inscripción y registración de acuerdos sociales” entre otras circunstancias “que imposibilitan la fiscalización y validación de lo acontecido en la gestión de las actuales autoridades”. 

Además, según denuncia el grupo de socios que hizo la presentación en el fuero judicial y la cual la IGJ aprobó, existen firmas de contratos de sponsoreo sin recurrir a las instancias institucionales previstas en el estatuto del club, entre los cuales aparece la relación que tiene/tenía la institución con Generación Zoe. También ponen el ojo en la vida económica del 'Gallego', quien a través de su relación con la empresa manejada por Leonardo Cositorto, utilizaba las "criptomonedas" como método de pago, algo que según entiende la justicia, está fuera de orden.

Adicionalmente, entiende el vínculo Español-ZOE estaba fuera de las atribuciones del presidente Diego Elías al firmar la inserción del grupo como gerenciador del club. El fallo, además, lo califica “una evidente desproporción de los términos contractuales” que pone a Deportivo Español “en una situación aparentemente desventajosa”. 

Ya en la resolución, la Inspección General de Justicia aclara la necesidad que la entidad "inicie un proceso de regularización institucional” ya que estas irregularidades “ponen en serio riesgo la vida de la institución y los derechos de sus asociados”.