Finalmente, Nery Domínguez podrá jugar en Independiente  ya que la Justicia consideró que estaba en juego su medio de vida, “en una actividad que, por sus características, cuenta con una duración efímera”.

La película es la misma de cada libro de pases. Por las deudas acumuladas a los largo de años, pesa sobre el equipo que hoy preside Hugo Moyano una inhibición general de bienes. Esto hace que no pueda incorporar activos a su patrimonio. Para que Domínguez pudiera jugar, “El Rojo” usó un viejo y conocido recurso: el pedido de una medida cautelar que habilite al jugador. Sin embargo, esta vez Independiente recibió el rechazo en primera instancia, pero finalmente la Cámara del Trabajo revocó el fallo y lo autorizó a jugar. 

Los camaristas Victor Pesino y Luis Catardo, de la Sala VIII de la Alzada, entendieron que en el caso se encontraba en tela de juicio “el derecho constitucional a trabajar” y que, independientemente de su arbitrariedad o ilegalidad la decisión de la AFA de no registrar el contrato celebrado entre el actor y el club de Avellaneda “imposibilita el ejercicio de ese derecho, ante el hecho público y notorio del cierre de los registros respectivos y el inicio del campeonato de fútbol, sin vislumbrarse que el perjuicio pueda evitarse por otro camino que no sea el del juicio sumarísimo”.

Lo concreto es que cada vez que Independiente quizo incorporar en los últimos años un jugador (activo para la Justicia), tuvo que optar por solicitar esta medida. Mientras los abogados del Rojo corren por los pasillos de tribunales en cada libro de pases y argumentan el lógico derecho a trabajar de un futbolista, en la administración del club se jactan de haber encontrado el engranaje justo para burlar una medida que deben cumplir todos los clubes y olvidarse de la razón central de ese castigo: hacer frente a su deuda.