La ciudad de Lima recibirá este lunes al seleccionado argentino de fútbol bajo un clima de conflictividad por el delito organizado, lo que motivó hace pocos días la ampliación del estado de emergencia en algunos de sus distritos del área metropolitana.

Las zonas céntricas de Lince y el Cercado de Lima, próximas a Miraflores, donde se concentrarán esta noche los campeones del mundo, fueron alcanzadas por un decreto presidencial que ordenó medidas drásticas para combatir el sicariato, el proxenetismo y la trata de personas.

Desde el pasado miércoles,

Las principales arterias de ambas urbanizaciones registran diariamente amplios operativos en conjunto con personal de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).

Por 60 días, entre la medianoche y las 4.00 de la mañana, se prohibieron las reuniones y eventos sociales, la apertura de discotecas o establecimientos similares, la venta de alcohol y la circulación callejera en número significativo.

El decreto de la presidente Dina Boluarte extendió a Lince y el Cercado de Lima una disposición que rige hace exactamente un mes en los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, de la provincia de Lima; y en Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa en la provincia de Sullana, del departamento de Piura, al norte del país.

En la jurisdicción de Lince, situada tres kilómetros al sur del Estadio Nacional, donde mañana se jugará el partido de las Eliminatorias Sudamericanas (a las 21 de Perú, las 23 en Argentina), fueron desbaratadas hace días unas siete bandas dedicadas a la trata de personas, la prostitución clandestina y la extorsión.

Más de 160 mujeres víctimas de la explotación sexual fueron rescatadas por la policía peruana del circuito de grupos delictivos organizados, que les cobraban a cada una hasta 400 soles semanales (115 dólares).

El Cercado de Lima, un amplio distrito que incluye al estadio sede del partido entre la "Bicolor" y la "Scaloneta", es la segunda área de la capital con mayor incidencia del delito después de San Juan de Lurigancho.

El gobierno de Perú se comprometió a la instalación de unas 10.000 cámaras de vigilancia en todo el ámbito metropolitano de Lima con una inversión de 15 millones de soles (unos 4 millones de dólares).

Un informe oficial, a un mes del inicio de las medidas de excepción en los primeros sitios, precisa que la inseguridad bajó un 28% en San Juan de Lurigancho, un 18% en San Martín de Porres y un 12% en Sullana.