Marcha atrás al sobreseimiento de Niembro por millonarios contratos publicitarios
El reconocido periodista deportivo había tenido una causa por contratos en tiempos de que el actual Presidente era Jefe de Gobierno de la Ciudad. La Sala IV de la Cámara dejó sin efecto la medida dictada en primera instancia por el juez en lo criminal Roberto Ponce.
(De la Redacción de DOBLE AMARILLA) Tras haber alcanzado el sobreseimiento en la causa que investigaba el pago de $ 24 millones a su empresa, Fernando Niembro, y por ende el Gobierno, reciben un duro revés. La Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento del periodista y ex candidato a diputado por Cambiemos en la causa que investiga el pago de dinero a su empresa La Usina Producciones para “proveer espacios de publicidad” y realizar “encuestas de satisfacción” para el Gobierno de la Ciudad en tiempos de Mauricio Macri como responsable del ejecutivo porteño.
“Las pruebas producidas hasta el momento impiden descartar que haya existido un fraude en perjuicio del patrimonio de la administración pública o bien otros delitos”, indicaron los camaristas Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Ricardo Pinto. De esta manera, la Sala IV de la Cámara dejó sin efecto la medida dictada en primera instancia por el juez en lo criminal Roberto Ponce.
“La Usina Producciones S.R.L. (empresa de la que era socio Fernando Niembro) percibió del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma total de $24.718.595, 48 y tuvo un costo de $5.644.898,07 para cumplir con las obligaciones contractuales asumidas, lo que en definitiva le significó una utilidad bruta de $ 19.073.606, 41”, cuestionó la Cámara.
Hace dos años, Fernando Niembro era el primer candidato a Diputado Nacional por Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires en el proceso electoral que terminó proclamando a Mauricio Macri como Presidente. Tras la denuncia del diario Tiempo Argentino y ante la presión pública, Niembro se bajó de su carrera política. Este caso también manchó al actual titular del ejecutivo porteño, Horacio Rodríguez Larreta por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.