(De la Redacción de DOBLE AMARILLA) En una conferencia de prensa conjunta desarrollada tras la suspensión de la Superfinal de la Libertadores, el Presidente de La Nación Mauricio Macri y la ministra de Seguridad de La Nación Patricia Bullrich anunciaron que el proyecto de ley para tipificar la figura del barrabrava será tratado en sesiones extraordinarias. También estuvo presente Germán Garavano, ministro de Justicia de La Nación.

"Esto que sucedió nos tiene que llevar a la reflexión. Hace dos años y medio enviamos un proyecto de ley contra las barras que va a ayudar a que ningún juez ni fiscal se equivoquen en tipificar un delito, nos va a ayudar a actuar con mayor contundencia y a apoyar a las fuerzas de seguridad. La vamos a presentar en sesiones extraordinarias"anunció Macri, para luego dar lugar a ampliación del concepto a la ministra de Seguridad. ''Vamos a presentar el proyecto en extraordinarias. La ley tipifica como delitos penales y no como contravenciones las conductas violentas que se desarrollan en un partido de fútbol'', explicó Bullrich.

''Lo que hace es alejar en lugares previamente determinados a las personas que tienen prohibición de ingreso a estadios. Si se hubiese votado, estos 300 barras que estaban por entrar, en vez de estar en alrededores de la cancha, hubieran estado con tres horas de anticipación en comisarías o predios habilitados. El objetivo de esta ley es tipificar como delitos penales con sanciones claras y fuertes a todos los que generan este tipo de violencia como la que vimos y aislamiento lejos de canchas a todos los que generan violencia en estadios'', cerró la funcionaria ante los medios presentes.

El proyecto de ''Ley Anti-Barras'' fue presentado en 2015 y enviado al Senado en 2016. La iniciativa tiene la intención de convertir a los barras en asociaciones ilícitas y castigar la reventa de entradas con prisión de dos a seis años. También habla de cárcel de dos a ocho años para quien "formare parte, en forma abierta o encubierta, de una asociación o grupo de hecho estable que tenga por objeto apoyar a un club de fútbol, integrada por diez o más personas y que participare en sucesos de violencia, faltas al orden público o delitos indeterminados, con motivo o en ocasión de espectáculos futbolísticos, sus prácticas o entrenamientos deportivos, antes, durante o después de realizados".

El proyecto, que fue impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tras incidentes protagonizados por barrabravas de Laferrere, agrega que "si en ocasión o con motivo de la reventa de entradas se produjeren alteraciones al orden público, o de probarse la participación o connivencia de persona responsable de la organización del espectáculo o si el autor se dedicare con habitualidad, el mínimo de la pena ascenderá a tres años de prisión y su máximo se elevará a ocho años de prisión".