(De la Redacción de DOBLE AMARILLA) El presidente Mauricio Macri puso a la ley anti-barras entre sus prioridades para este año legislativo que arrancará el viernes con su discurso de apertura de sesiones ordinarias. Tanta importancia tiene esta normativa que en el Ejecutivo la ponen a la altura de la reforma laboral o la reforma electoral. Si bien el discurso del Presidente tiene retoques hasta último momento, según pudo saber "Doble Amarilla" de fuentes del Gobierno nacional, incluirá un contundente pedido a diputados y senadores para que avancen con esta iniciativa para combatir a los barrabravas.

La ley antibarra fue tratada en diciembre y aprobada en general por la cámara de Diputados, pero luego se empantanó en la compleja discusión artículo por artículo. Luego pasó nuevamente al debate en comisión y el Ejecutivo decidió apuntar a lograr una nuevo dictamen acordado con la oposición para que no fracase cuando regrese al recinto. En el verano hubo un intento para que se trate durante febrero en sesiones extraordinarias, pero finalmente no hubo quórum para sesionar fuera del período legislativo.

En la última semana hubo diversas reuniones entre funcionarios del ministerio de Seguridad con la bancada oficialista para terminar de coordinar los pasos a seguir. En paralelo desde la comisión de Legislación penal continuaron las negociaciones de los artículos y según aseguraron a "Doble Amarilla" está todo encaminado para llegar a un texto consensuado.

No habrá cambios radicales en el espíritu de la ley ni en las sanciones, pero sí se pasó el peine fino en la redacción de diversos artículos que muchos legisladores consideraban laxos. Principalmente, las modificaciones vienen en los puntos que se habla de las penas a dirigentes. Por ejemplo, el texto mantiene la sanción de 3 años de prisión para dirigentes que financien a los barras o que le entreguen entradas. Pero, hubo planteos para que la normativa deje en claro a quiénes no pueden darle tickets. Es por eso que una opción es que se limite a todas las personas que aparecen en las listas de derechos de admisión tanto del estado nacional (Tribuna Segura) como de las provincias.

Otro artículo que no se quitará, y que es el más polémico, tiene que ver con la prohibición para que funcionarios públicos puedan ocupar cargos en las comisiones directivas de los clubes. Esa iniciativa es impulsada por la Colación Cívica y se mantendrá en el texto final, según confiaron fuentes parlamentarias a "Doble Amarilla". Para el Gobierno no es un punto central, pero tampoco quiere entrar en una discusión con los miembros de su frente que termine demorando el envío de la ley al recinto.

Como ya contó "Doble Amarilla", muchos dirigentes plantean que esa restricción es inconstitucional y adelantan que irán a la Justicia en caso que se apruebe. En principio quienes ocupen cargos públicos (nacionales, provinciales o municipales) no podrán integrar las comisiones directivas, aunque sí podrían ser representantes de socios. Además, en el texto se excluiría a las sociedades de fomento y clubes de barrio.

Hace un mes en una entrevista con este medio el  titular de la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Deportivos, Guillermo Madero, justificó este punto. “Nosotros creemos que uno de los problemas más grande que tiene el fútbol fue la injerencia fuerte de la política”, dijo. Y remarcó: “El Presidente Macri dejó el futbol para dedicarse a la política, o sea que el mejor ejemplo lo dio él. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo”.

Si bien, obviamente la norma no será retroactiva sí modificará el panorama político de los clubes de cara a la elecciones venideras en cada institución. Un tema no menor es que la restricción también incluye a sindicalistas con lo cual, por ejemplo, los Moyano deberían elegir entre el sindicato de camioneros e Independiente. 

Sin dudas el bochorno del fallido Superclásico de final de Libertadores en cancha de River fue un antes y un después para el Gobierno. Las imágenes recorrieron el mundo y el accionar de las mismas fuerzas de seguridad dejó mal parado al Estado. No fue casualidad que esa misma semana, el presidente Macri llamó a una conferencia de prensa en la que fustigó a la Justicia y la acusó de proteger a los violentos. En esa misma intervención anunció el envío de la ley anti-barras al Congreso. Dos meses después, la iniciativa no perdió fuerza política y es interés del Ejecutivo aprobarla antes de mayo.