(De la Redacción de DOBLE AMARILLA) La ley que tipifica la figura del ''barrabrava'' promete novedades en el corto plazo. El proyecto, enviado al Senado a mediados del 2016, será tratado en el período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo. Se da luego de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich reflotaran la iniciativa la pasada semana en conferencia de prensa, luego de los graves incidentes ocurridos antes de la Superfinal River-Boca.

La intención es que el documento sea tratado este jueves en el recinto, con el objetivo de allanar el terreno para que sea sancionado antes del 2019. La operación del oficialismo deberá desarrollarse en tiempo récord, ya que primero debe emitir dictamen y solicitar sesión especial para tratarlo sin cumplir los plazos estipulados. El jueves, también figuran Bienes Personales y el Financiamiento de Partidos Políticos en el temario.

El texto que agrava las penalizaciones por delitos cometidos en los espectáculos deportivos ingresó en Diputados hace algunos días, luego de dos períodos reglamentarios sin ser tratado. Se hicieron algunas modificaciones con respecto a la primera versión del documento, centradas en un incremento de los castigos.

¿Por qué puede generar cierta polémica en Diputados? Principalmente por un artículo: el que castiga con pena de prisión a quienes ofrezcan servicios de cuidado de automóviles, ya sea por voluntad o por una tarifa. El tema, detalla La Nación, ya había sido motivo de debate cuando el proyecto fue debatido en octubre de 2016, en un plenario de comisiones del Senado. Ese punto particularmente corre el riesgo de no pasar en Cámara Baja.

El proyecto de ''Ley Anti-Barras'' fue penviado al Senado en agosto de 2016. La iniciativa tiene la intención de convertir a los barras en asociaciones ilícitas y castigar la reventa de entradas con prisión de dos a seis años. También habla de cárcel de dos a ocho años para quien "formare parte, en forma abierta o encubierta, de una asociación o grupo de hecho estable que tenga por objeto apoyar a un club de fútbol, integrada por diez o más personas y que participare en sucesos de violencia, faltas al orden público o delitos indeterminados, con motivo o en ocasión de espectáculos futbolísticos, sus prácticas o entrenamientos deportivos, antes, durante o después de realizados".

El proyecto, que fue impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tras incidentes protagonizados por barrabravas de Laferrere, agrega que "si en ocasión o con motivo de la reventa de entradas se produjeren alteraciones al orden público, o de probarse la participación o connivencia de persona responsable de la organización del espectáculo o si el autor se dedicare con habitualidad, el mínimo de la pena ascenderá a tres años de prisión y su máximo se elevará a ocho años de prisión". La semana pasada, en conferencia de prensa conjunta con la ministra de Seguridad de La Nación Patricia Bulllrich y con el ministro de Justicia Germán Garavano, Macri volvió a reflotar el anteproyecto. El oficialismo pone primera y busca lograr su sanción lo antes posible.