El FIFA Gate se podrá tomar un respiro, pero cuando reaparece pone manos de campeón mundial de peso pesado y sacude al Planeta Fútbol entero: hoy se conoció que el ex presidente de la CONMEBOL, el paraguayo Juan Ángel Napout, acusó a Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y testigo estrella del expediente, de brindar “evidencia falsa o incorrecta” durante el juicio que desarrolló en New York.

Según informó el periodista Ken Bensinger, especialista en el caso, el argumento esencial de Napout se focaliza en un testimonio bajo juramento durante cual Burzaco aseguró haber participado de una reunión junto al paraguayo y al brasileño Marco Polo del Nero en Asunción, en octubre de 2014. La defensa de Napout sostiene que, de acuerdo a registros oficiales de los organismos paraguayos competentes, no hay pruebas de que Burzaco haya estado en el vecino país en el período establecido.

Bajo esta premisa, el ex titular de la CONMEBOL apuesta en primer término a una absolución, como alternativa a un nuevo juicio y como último recurso a un cambio de jurisdicción al señalar que además no hay suficiente evidencia para determinar que las maniobras por las cuales se lo acusa hayan ocurrido en Estados Unidos. Para Napout, que Fiscalía no haya dado a conocer ese material al jurado es clave.

Los abogados del paraguayo detallaron que, según su punto de vista, no existe prueba concreta de que los pagos realizados por Torneos y Full Play haya dañado al fútbol, sino todo lo contrario: argumentan que mejoraron ostensiblemente la situación económico-financiera de la CONMEBOL,  por lo cual afirman que es imposible que hayan ocurrido en el delito de conspiración criminal, según lo informado por Bensinger.

De comprobarse el falso testimonio, la situación de Burzaco sería aún más comprometida y hasta podría cancelarse el acuerdo al cual había llegado con la Justicia de Estados Unidos. Un set de argumentos similares presentó la defensa del brasileño José María Marín, ex titular de la Federación de su país. Además, el periodista destacó que otros condenados como Jeffrey Webb y José Hawilla pidieron un plazo extra para cancelar sus confiscaciones porque no lograr vender sus propiedades  y empresas.