Fue un largo camino el que transitó la Confederación Argentina de Básquet, pero este jueves 24 logró su cometido tras más de 6 años de ser querellante en una causa por administración fraudulenta.

Germán Vaccaro, titular por más de 5 años de la entidad hasta abril de 2014, momento en el que renunció, finalmente se declaró culpable por el delito de administración fraudulenta mientras que fue presidente de la Confederación Argentina de Básquet y así se frenó el proceso a prueba por el plazo de tres años y de esta manera, el expresidente deberá pagarle a la CABB la suma de 80 mil dólares. Además, jamás podrá volver a ejercer algún cargo en esta entidad o en cualquiera de sus afiliadas

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Todo comenzó luego de la renuncia de Vaccaro en abril del 2014. En aquel tiempo, el presidente dijo que fue por motivos personales, pero habrían existido irregularidades de fondo.

Meses más tarde a la salida del dirigente, el Gobierno auditó y demostró una deuda de más de 33 millones de pesos, aún con balances positivos durante 2012 y 2013. 

La deuda se dividía en cinco millones a jugadores, casi otros cinco millones en cheques rechazados, cuatro en concepto de alquiler del Pro Enter y tres de deuda a FIBA Américas, por citar solo algunos ejemplos. Además, se descubrió que faltaban trofeos, como réplicas de medallas doradas o la Copa del Mundo de 1950.

EL COMUNICADO DE LA CABB

La Confederación Argentina de Básquetbol informa que, en el marco del proceso penal tramitado contra el Señor Germán Vaccaro en el ámbito de la justicia penal federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el delito de administración fraudulenta, el tribunal oral interviniente resolvió suspender el proceso a prueba por el plazo de tres años. Se impuso al Señor Vaccaro, quien aceptó su culpabilidad, el pago de la suma de USD 80.000 a la CAB en concepto de reparación por el daño causado. Esta cifra surge a partir de las pericias que constan en los expedientes. Además, quedará inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos en la CAB o en el ámbito de sus afiliadas. La CAB promovió la causa constituyéndose como querellante en 2016 con el patrocinio letrado de la Dra. Viviana García Sierra quien se mantuvo en dicha condición hasta la culminación del proceso penal.