(De la Redacción de DOBLE AMARILLA) El fiscal Sebastián Scalera no reduce ni un ápice el tenor de sus acusaciones sobre Pablo Moyano o “el salvaje” como figura en la causa que él investiga. Luego de los dichos del Juez Luis Carzoglio, el fiscal insistió en que Moyano “tiene que estar preso, es el jefe de una Asociación Ilícita”. También adelantó que recusará al magistrado. 

Scalera, en charla con “La Nación”, opinó que Moyano debe estar tras las rejas: “Con mi equipo, desde que tomamos el caso en mayo, hicimos una revaluación de las pruebas y con los testigos que se agregaron determinamos diferentes roles de esta Asociación Ilícita integrada por parte de la barra de Independiente y de la dirigencia del club. Nos referimos a Pablo Moyano, como líder, y a Héctor "Yoyo" Maldonado y Noray Nakis, que ya fueron indagados como organizadores, junto con Pablo "Bebote" Álvarez . Además de los casos comunes de aprietes, puestos ilegales o "trapitos", determinamos que el grupo defraudó a Independiente imprimiendo de manera oculta entradas y revendiéndolas. Parte eran entregadas a la barra”, detalló.

Scalera aseguró que esos datos surgieron de la declaración que realizó el barra “Bebote” Álvarez y que “el juez Carzoglio no valoró”. Además, el fiscal apuntó que también como elemento probatorio cuenta con “las transcripciones de las escuchas telefónicas de los acusados. Allí se advierte que quienes invocan la figura de Pablo Moyano, o el Salvaje, lo ponen en un lugar de ascendencia respecto de la barra brava”.

Sobre los dichos de Carzoglio, que Moyano no da órdenes a la barra en esas escuchas, Scalera consideró: “En función de las invocaciones inferimos que sí da órdenes. El pedido de detención se basa en una prueba indiciaria. Es difícil encontrar una prueba directa en la que aparezca Pablo Moyano vendiendo entradas a la vuelta del club, como quiere el juez. Hay que valorar la prueba de manera armónica y en contexto”, pidió.

La barra contraprestaba a la dirigencia acciones para sostener el gobierno del club, bajar o subir a un jugador o un técnico, conseguir socios para las elecciones”, apuntó Scalera, que además negó que la defensa no haya podido hacer los peritajes sobre los teléfonos: “No es real esa afirmación. La apertura de los teléfonos fue dispuesta por el juez anterior y se notificó a las defensas”.

Sobre Carzoglio en sí, Scalera adelantó que apelará su decisión (“Existen motivos sobrados para hacerlo”) y agregó que “No valoró pruebas que debió haber valorado, como mensajes de WhatsApp entre Roberto Petrov y Moyano en que se evidencia la ascendencia de este último sobre Petrov”. Al respecto, Scalera subrayó que la fiscalía va a recusar al juez porque es evidente que ha tenido contacto con medios desde que se pidió la detención de Moyano y por su conferencia de prensa, de la que surgen elementos suficientes para recusarlo, porque es evidente su pérdida de imparcialidad”.

Scalera también negó que sobre la causa existan “presiones políticas” de algún tipo: “No, para nada. Esta causa se inició en marzo de 2017 y Pablo y Hugo Moyano están imputados desde febrero de este año, mucho antes de todo este revuelo político”. El fiscal, además apuntó que no sufrió presiones ni amenazas durante la investigación en curso.

­Por último, el funcionario judicial manifestó que en los próximos díasvamos a indagar a Moyano como jefe de una Asociación Ilícita, aunque para el juez no haya evidencias. Luego, cuando el fiscal requiere la elevación a juicio, el juez decide si hay elementos para juzgar o sobreseer al acusado”.