(De la Redacción de DOBLE AMARILLA) San Lorenzo recibió un baldazo de agua fría en el mediodía de este viernes. En pleno intento de recuperación deportiva luego de quince partidos seguidos sin conocer la victoria, el cuadro azulgrana tuvo una pésima noticia: sufrió la quita de seis puntos y la prohibición para sumar futbolistas en el siguiente mercado debido a irregularidades en las declaraciones juradas por el pago de los sueldos a los jugadores.

¿Pero dónde inició todo? Antes del inicio de esta temporada, Superliga suscribió la entrada en vigencia plena de las licencias. Por aquel entonces, los 26 equipos participantes de la competencia firmaron el reglamento que, entre sus cuestiones formales, preveía sanciones por incumplimientos del Fair Play Financiero. A partir de noviembre, la entidad presidida por Mariano Elizondo decidió una auditoría externa. Luego de recibir las propuestas de las cuatro empresas líderes a nivel mundial de auditorías (PwC, Deloitte, KPMG y Ernst & Young más una quinta que combinaba las cuatro), se terminó eligiendo a Ernst & Young.

Pasado el momento de elección, la empresa empezó a auditar a los 26 clubes de Primera con preguntas contables a cada uno de ellos. Luego de evaluar irregularidades en el caso específico de San Lorenzo, la compañía elevó un informe al Comité de Disciplina de Superliga compuesto por Mario Laporta (presidente), Ángel Gabriel Nardiello (vicepresidente), Daniel Artana, Hernán Etiennot, Gustavo Abreu y Carlos Rotman (suplente). El Tribunal determinó la sanción con un reporte de nueve páginas con las justificaciones del caso.

A partir de la notificación de Superliga, San Lorenzo posee cinco días para presentar su apelación. Realizado esto, que fue confirmado que será hecho por la institución mediante sus redes sociales, el Tribunal de Alzada debe evaluar y dar un veredicto. En caso de ratificar el castigo, a San Lorenzo solamente le quedará apelar al TAS como instancia superior.