El 21 de julio pasado y vía remota, Javier Castrilli enfrentó por primera vez a la ANFP en tribunales. El ex jefe de la comisión de árbitros del fútbol chileno, quien tuvo que dejar el cargo tras la fuerte polémica que desató el denominado Caso Gilabert y la posterior paralización de los encargados de aplicar el reglamento en los partidos del fútbol chilenos, exige el pago de $ 1.140 millones por despido injustificado y por perjuicio que sufrió por la polémica en la que fue envuelto.

La audiencia preparatoria tuvo la idea de generar un consenso que evitara que ambas partes fuesen a juicio pero pese a los intentos del juez, no hubo acuerdo. Desde el 1° Juzgado de Letras del Trabajo se propuso como base de acuerdo que la entidad de Quilín le pagase al argentino la suma de $47.350.136, que contemplaba el pago de cuatro remuneraciones, teniendo como base el salario que mes a mes recibía el demandante ($11.837.534). La idea fue rechazada por los abogados de Castrilli, y tampoco la entidad chilena quería pagar lo pedido por el ex árbitro.

Una vez consumada la negativa, el magistrado siguió adelante con la audiencia. Castrilli exhibió sus pruebas, con mucho detalle. Entre otras cuestiones, acusa haber recibido un daño emocional por todas las experiencias vividas desde su salida.

Y por esto, el tribunal ordenó una pericia psicológica a Castrilli. El argentino sumó una lista de notas y videos que resumen su paso por los medios de comunicación en diferentes partes del mundo, buscando que se le reconozca la mancha que puede haber significado a su trayectoria el escándalo ocurrido hace unos meses.

La cita finalizó pasadas las 11.30. Se acordó que el juicio será virtual, sin la necesidad de tener que presentarse en tribunales. Además, se fijó la hora y el día en que nuevamente se verán las caras para una resolución final: 17 de enero de 2023.