Este miércoles por la mañana comenzó el juicio contra el expresidente de Colón, Germán Lerche, en en el marco de la causa en la que se lo investiga por administración fraudulenta. 

La investigación comenzó en noviembre de 2013 en la Fiscalía N° 3 por quién fuera síndico del club, José Luis Isaía. El funcionario denunció "presuntos manejos fraudulentos" de los recursos del Sabalero por parte de quienes estaban en la Comisión Directiva de la gestión 2006-2013.

En noviembre de 2019, seis años después de haberse iniciado la causa, quien por esos días era fiscal (Mariela Jiménez) dio por concluida la etapa de investigación y presentó la requisitoria de elevación a juicio para los ex dirigentes de la Comisión Directiva del club. La magistrada manifestó que "estos hechos ocasionaron un perjuicio millonario en el patrimonio del club y constituían un caso de administración fraudulenta por parte de quienes tenían el deber de administrar la institución".

Los jueces designados son Lisandro Aguirre (presidente) y Martín Torres, y la jueza Celeste Minniti. Los fiscales en el juicio serán la Dra. Bárbara Ilera y el Dr. Federico Grimberg. El imputado tendrá la defensa particular de los abogados Angelo Rossini y Gabriel Hernando. En tanto, la Querella por parte del club santafesino la llevará adelante el Dr. Ricardo Calvo Arrazola.

Tal lo dispuesto en la agenda conformada por la Oficina de Gestión Judicial, el juicio comenzó desde las 8.30 de la jornada de hoy en la Sala 6, con la audiencia de apertura y los primeros testigos.

Además hay previstas audiencias que se prolongarán hasta el 13 de diciembre. Para el 14, en tanto, se esperan los alegatos de clausura de la Fiscalía, Defensa y Querella. Por otra parte, el veredicto está programado para el 18 de diciembre a las 8 de la mañana.

La Fiscalía lo acusó por el delito de administración fraudulenta y  solicitará un pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo. “Se tuvo en cuenta el cargo que ocupaba, el grado de autodeterminación de  la voluntad y la comprensión de los actos que realizó”, consideraron los fiscales y añadieron que “su edad y su nivel de educación le permitían conocer el reproche penal de su accionar y cómo debía actuar para  hacerlo conforme a Derecho”. 

También los responsables de la investigación concluyeron que “se consideró el  perjuicio que su accionar acarreó para una institución conformada para  desarrollar distintas actividades en beneficio de sus asociados y el  daño social y trascendencia pública del hecho”.